Pablo Pérez y la necesidad de cambios a la reforma de Bachelet: "Depende mucho para qué se quiera hacer"

- Dos de los hallazgos que destaca el informe es el fin del ciclo de conflictividad 2006-2016 y que en 2018 cayó el número de huelgas ¿A qué obedece?

- No hay una única causa, por lo tanto dar una única respuesta, no sería correcto. Lo que mencionamos en el informe es que un posible motivo es lo que ocurrió con la reforma laboral que se aprobó en 2016. Por ejemplo, los cambios respecto a la definición de los servicios mínimos habría generado un escenario de incertidumbre entre los actores, el que se podría haber traducido en una menor propensión a la realización de actividades huelguísticas de parte de los sindicatos.

Esto, en el sentido en que con toda la discusión de los servicios mínimos, lo que ahora ocurre es que la definición misma de ellos entra en disputa.

La otra explicación, que es más general, tiene que ver con el descenso de la movilización social en el país. Desde inicios de 2006 el país empezó a experimentar un proceso de movilización que estuvo, en el caso del trabajo, ligada a la acción de sindicatos de trabajadores subcontratados y en el ámbito social a la acción del movimiento pingüino. Eso, en el análisis de movimientos sociales, fue importante porque marcó un ciclo ascendente de movilizaciones.

- Además de los servicios mínimos, ¿hay algún otro impacto relacionado con la reforma del gobierno de Bachelet?
- Yo no diría que no hay más, pero directamente sí es el único. En el fondo, hay que entender en qué marco se dio la discusión sobre los servicios mínimos. El proyecto original apuntaba a terminar con el reemplazo en huelga, pero en el marco de la discusión -una vez que se asumió que esto iba a terminar legalmente-, un punto de defensa que hicieron los sectores empresariales, fundamentalmente la derecha y la Democracia Cristiana, fue decir: "Debido a que esta batalla del reemplazo en huelga la perdimos, entonces orientemos los esfuerzos a agrandar el concepto de los servicios mínimos para que en la práctica la legislación termine siendo lo mismo a lo que era antes".

- ¿Y cuáles serían los otros impactos indirectos?
- Todavía creo que faltan años para ver cuál fue efectivamente el resultado práctico del cambio de legislación. Otro impacto que tal vez puede ser indirecto –y que insisto habría que esperar más tiempo para ver cómo funciona- tiene que ver con la nueva relación entre sindicatos y grupos negociadores. Esto, porque un aspecto que dejó la reforma en el aire fue en qué circunstancias un grupo negociador puede o no establecer procesos de negociación, cuando ya existe un sindicato en la empresa.

- ¿Sería razonable hacer reformas y entrar en esa discusión?
- No es que sea razonable, depende mucho para qué se quiera hacer una legislación o un cambio en ella. Ahí creo que depende mucho de la orientación política que dirija lo que se quiere hacer.

- ¿A qué se refiere en específico?
- En los últimos anuncios que se dieron en septiembre del año pasado, se dijo que la inexistencia de regulación para los grupos negociadores era un problema. A partir de las declaraciones que ha dado el Ministro del Trabajo, lo que uno sospecha es que el proyecto del gobierno a lo que va a apuntar es a fortalecer los grupos negociadores en desmedro de los sindicatos. Mientras que desde la otra vereda se dice: es un problema, que se resuelve de otra manera, que es restringiendo los grupos negociadores y fortaleciendo los sindicatos.

En este caso, la disputa es más política que técnica respecto a cuál es el rol que tienen los sindicatos y en qué medida la legislación debería permitir la existencia de grupos paralelos para negociar o no.

- Asumiendo que las huelgas recogen descontento social, ¿cómo se deberían tomar los resultados de esta encuesta? 

- Hay varios factores que se entrecruzan y por eso quisimos darle una perspectiva más comparada, porque cuando uno hace comparaciones con otros países, en este caso los OCDE, lo que uno observa es lo siguiente: las tasas de sindicalización son, en general, modestas.

Por otro lado, algo que es muy importante, es que la tasa de cobertura de la negociación colectiva es baja en Chile. Esto tiene una serie de consecuencias, porque en el fondo al existir una cobertura baja, lo que en la práctica ocurre es que en Chile existe es un predominio de la negociación individual.

- ¿Cómo afecta esta tendencia?
- Es un problema. Lo que quisimos enfatizar es que cuando ocurre eso, lo que tiende a pasar es que existe un nivel mayor de descontento de los trabajadores. Y eso tiene que ver con un tercer factor, que es el nivel en el cual ocurre la negociación colectiva.

En Chile, la negociación colectiva predominante es la negociación a nivel de empresa, mientras que en los países OCDE -más desarrollados- predomina el nivel de negociación sectorial o por rama económica. Cuando esto ocurre, se da una negociación tripartita en la que participa un sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores de un sector, que llega a acuerdo con el representante empresarial de la rama económica intermediada por el Estado. Esto genera menor nivel de conflicto.

Lo que se ha demostrado es que en estos países existe mayor derecho a la sindicalización, los sindicatos son más fuertes, el nivel de desigualdad económica es menor y, al mismo tiempo, el nivel de conflicto –medido en frecuencia de huelgas- es mucho menor. Esto último porque el conflicto está canalizado por espacios institucionales reconocidos tanto por empresarios como por trabajadores.

- ¿Este predominio de negociación individual a que nos lleva?
- En Chile como la negociación es a nivel de empresa, cada sindicato negocia con su empleador, lo que se traduce en un mayor nivel de desigualdad. Los sindicatos no tienen gran capacidad negociadora y, al mismo tiempo, existe mayor nivel de conflicto. Lo que, como nosotros hemos demostrado en el informe, muchas veces no es regulado y pasa por fuera de la Ley. Por ejemplo, actividad huelguista que ocurre por fuera de la negociación colectiva, que son acciones disruptivas del proceso de trabajo que ocurren a espaldas de la ley. Esto es muy relevante, porque en el fondo el nivel de conflicto muestra que hay descontento, pero también muestra que hay instituciones que no se hacen cargo de canalizar ese conflicto.